TEXTO JOHANNA PELTZER
FOTOGRAFÍAS 170 ESCALONES
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Días atrás, la Cámara Alta a nivel nacional sancionó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans y así, esta vez, el festejo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ fue diferente, o al menos eso espera el colectivo que tiene una esperanza de vida de 35 años. Cómo trabajan los diferentes niveles del Estado la resolución que ya tiene precedentes a nivel provincial y municipal.
La aprobación del cupo laboral travesti-trans en Argentina por parte de la Legislatura trajo celebración y esperanza a las disidencias que vienen luchando hace años por este derecho. Es un paso más en la conquista que todavía da pocos frutos, o al menos eso creen ellos y ellas.
Si la mirada es hacia atrás, en diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández decretó que un 1% de los puestos de trabajo de la administración pública debían estar destinados a personas travestis o trans. Sin embargo «nunca se puso en marcha», aseguran desde el movimiento. «¿Por qué yo habría de creer ahora que van a implementar una norma que hace meses ya estaba sancionada?», se pregunta Keili González, activista trans, en diálogo con 170 Escalones.
«Hay que separar la conquista, resultado de nuestra lucha y esfuerzo, con la responsabilidad del Estado. El Estado ya demostró que no tiene la voluntad de aplicarlo y que es sólo una medida para contener la demanda social», afirmó González. «No se generaron instrumentos ni un impacto real en la comunidad. Fueron muy pocos los casos que ingresaron y encima lo hicieron de forma precarizada», agregó.
Según un relevamiento regional del colectivo, Entre Ríos es una de las provincias con más vulnerabilidad en el sector: «Somos más o menos 2500 en total y la mayoría están en una situación complicada. Subsisten por programas miseria a nivel nacional, con bolsones no nutritivos que no les permite garantizar alimento ni por una semana. A eso sumale algún nylon para que no se les llueva la casa o una chapa y ya está», contó Keili. «Lo que hacen es una política discursiva», cerró.
En proceso
Un detalle no menor es que nuestra provincia tiene su propia ley. El 24 de septiembre 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados provincial, también del 1% para cargos en el Estado, organismos descentralizados y empresas públicas. A casi un año de la sanción, algunos municipios lograron implementarlo, mientras que otros todavía no.
«Son varios los lugares que tomaron como modelo el proyecto y ahora tienen incorporadas personas travesti-trans, como Los Conquistadores, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay. El resto está articulando detalles para ponerlo en marcha», indicó Alejandra Elcura, titular del área de Diversidad del Gobierno de Entre Ríos, en declaraciones a este medio.
«Este proyecto fue iniciativa de la Liga LGBT de las Provincias y es importante destacar que habla del cupo y de la inclusión, es decir el espacio en el sector público, pero también la promoción en el privado. Hay incentivos y capacitación permanente para igualdad de oportunidades. En este momento, en Entre Ríos estamos en proceso de reglamentación, haciendo cursos con empresas y sindicatos», agregó Alejandra.
En ese marco, una duda frecuente es quién tiene el poder de monitorear la ejecución de la norma en el territorio: «Cada nivel del Estado se encarga con sus organismos específicos de controlar el cumplimiento en sus jurisdicciones», puntualizó la funcionaria. ¿Un autocontrol?
Una capital con antecedentes
Una situación diferente se vivió en Paraná, que se había posicionado como pionera en su momento con la aprobación de un proyecto integral en junio de 2019, pero que ya tenía una experiencia previa en el tema. En 2018 había participado de la prueba piloto para la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Trans en Argentina, dependiente de la Dirección General de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Nación.
En ese ensayo, Iara Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez comenzaron a trabajar en la Municipalidad. A pesar de ello, en octubre de ese año y con la norma vigente, sus contratos fueron dados de baja y desde ese momento ninguna persona travesti o trans volvió a ser incorporada por el municipio.
«Ese antecedente fue muy dañino para la comunidad, por eso el compromiso es poder llevarlo adelante de una manera efectiva, eficaz, ordenada, con respaldo y garantías. Estamos trabajando ahora en los pasos concretos para poder garantizar el empleo a la población travesti-trans de nuestra ciudad», aseguró Gonzalo Molina, coordinador de la Subsecretaría de Diversidad y Género de la Municipalidad de la Paraná, en diálogo con 170 Escalones.
Si bien las normas a nivel nacional, provincial y municipal tienen un mismo fin, abordan el tema de manera diferente y establecer cómo reglamentarlo es el nuevo desafío interinstitucional: «Los tres escalafones del Estado deben confluir en la ciudad. Antes de la ley hubo un decreto del presidente y gracias a eso, acá en Paraná tuvimos la experiencia de Vanesa Bello que accedió a la Gerencia de Empleo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación. Por su parte, en Provincia está el caso de Vanina Palacios que accedió a un lugar dentro del Senado. Es para destacar», finalizó Molina.
«La única política no puede ser asistencial. Queremos que las compañeras tengan un acceso genuino a lo fundamental para la existencia», arremete Keili, exigiendo al Estado el cumplimiento de los derechos de las personas y, sobre todo, de las leyes que los garantizan. En la vereda de enfrente, el trabajo y el compromiso de los gobiernos para llevarlo adelante.
Sin dudas, el Mes del Orgullo termina con condimentos en Argentina. Historia hubo… ahora se espera la efectiva reparación.
