TEXTO JOHANNA PELTZER
FOTOGRAFÍAS JOHANNA PELTZER – FRANCO GIORDA
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Como dèjá vú, la historia se remonta exactamente a un año atrás. En el Día de la Pachamama, pero de 2020, vecinos de Paraná se manifestaban por primera vez en defensa de los terrenos lindantes al Patito Sirirí. 365 días después la historia no cambió y paranaenses volvieron a alzar su voz en contra del loteo en el predio del que la Inmobiliaria Armándola asegura ser propietaria.
Todo comenzó en julio del año pasado, cuando la empresa difundió un spot publicitario en sus redes sociales promocionando la venta de la parcela ubicada sobre calles Alberti y De la Torre y Vera. Allí las alarmas se encendieron y el primer interrogante fue una sorpresa: «¿Esos terrenos son privados?». Durante décadas, paranaenses y turistas hicieron uso del espacio como público: la barranca con familias, niños y amigos disfrutando era una postal de cada fin de semana.
Inmediatamente, parte de la sociedad se puso en campaña para evitar que se concrete una posible venta y, a futuro, alguna construcción que restrinja la vista al río o el acceso de las personas a la zona. El 1 de agosto fue la primera movilización y concejales presentaron un proyecto para buscar alternativas a su comercialización.
Sin embargo, la firma salió a dar su versión de los hechos, asegurando haber comprado esos terrenos «en 1986 por medio de una escritura pública» y que, a pesar de ser privados, siempre permitieron su uso. Además, indicaron tener «una propuesta superadora» para la ciudad e invitaban a la población a informarse.
Con el correr del tiempo, ninguna de las partes volvió a mover fichas, el tema salió de la agenda de los medios y el problema pareció desvanecerse… hasta ahora.
Un pilar de luz
Exactamente un año después del inicio de la discusión, donde nada parecía haber cambiado, la construcción de un pilar para la colocación de un medidor de electricidad volvió a hacer rugir a los activistas. Bajo el tema «El Patito no se toca», en un nuevo Día de la Pachamama repitieron la manifestación.
Marcharon desde la Plaza 1 de Mayo hasta Alberti y De la Torre y Vera, donde además de la lectura de un documento, una pequeña feria de emprendedores y números artísticos de baile y música acompañaron la jornada. Durante la tarde del domingo, la zona se pobló de adultos, jóvenes, niños y niñas que se acercaron a apoyar la causa.
«Todos los ecosistemas forman parte de nuestra vida y las barrancas en épocas de bajante van liberando el agua de a poco. Nos regulan nuestros ciclos, además de ser parte de la idiosincrasia de una ciudad paisaje donde quedan pocos espacios verdes y sin una distribución democrática. Este sector no debe tocarse», explicó Laura Correa de la Asamblea de Arbolado. «La gente tiene que sumarse a defender estos lugares. El Parque Botánico y la Plaza Mujeres Entrerrianas son ejemplos de luchas ganadas, por eso la participación ciudadana es muy importante», añadió.
En manos de los representantes del pueblo
Una de las exigencias era hacia los concejales, que días atrás desde el Frente Creer Entre Ríos presentaron un proyecto de ordenanza para declararlo de «utilidad pública» y así motivar una expropiación. Ahora, serán las comisiones de Legislación y Desarrollo Territorial, Obras y Servicios Públicos quienes deberán estudiar el caso y emitir dictamen para su tratamiento en el cuerpo.
David Cáceres, uno de los ediles autores de la iniciativa, justificó que «llevar adelante allí un emprendimiento inmobiliario podría poner en peligro la estabilidad de la barranca» y que la ciudadanía local «se ha apropiado históricamente de la zona, utilizándola para la recreación, el esparcimiento y la actividad física», por lo que como representantes del pueblo deben «velar por una equitativa valoración entre el bien común y el beneficio particular».
El proceso continúa con el interrogante de si el resto de los bloques de concejales acompañarán la moción. «Tuvimos una serie de encuentros y la oposición va a apoyar, pero Políticas para la República pide una consulta popular y no creemos que sea necesario, puede ser un arma de doble filo», indicó Alicia Glauser de la Asamblea Ciudadana Vecinalista.
«Si se va a gastar el dinero de los paranaenses en expropiar ese terreno, deben ser ellos mismos quienes lo decidan. Estamos en un contexto de extremas necesidades y hay que preguntarle a la ciudadanía si ese gasto es prioridad», es el argumento de dicho bloque para la instancia que, en caso de autorizarse, debería establecerse a través de una ordenanza. Plantean las próximas elecciones como escenario para llevarla adelante.
Glauser fue tajante al respecto: «La gente no va a apoyar si le decís que lo van a tener que pagar ellos y la realidad es que eso no está definido». Correa añadió: «Las herramientas de participación ciudadana siempre están buenas si se saben usar. Deben ser democráticas y tener buena difusión, porque si no llega a toda la ciudadanía probablemente no salga favorable para nosotros».
Procesos legales
«La declaración de interés público de un Concejo Deliberante tiene una única naturaleza que es declarativa, nada más. Quien debería sancionar una ley es la Legislatura de la Provincia, que tiene la competencia para declararlo de interés público sujeto a expropiación para utilidad pública», explicó Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos.
Es decir, que la aprobación de la ordenanza sería tan sólo la chispa de inicio de un largo proceso legal. «Esa ley debe consignar cuáles son los inmuebles, perfectamente determinados con sus partidas. Luego, pasa al Consejo de Tasaciones y se fija un precio oficial. Allí se le consulta al titular nominal si está de acuerdo y de ser así se incrementa un 10% el monto. Por último, se hace un contrato de avenimiento y se transfiere el dominio», enumeró Rodríguez Signes.
Ese podría ser uno de los caminos más cortos. Sin embargo, si no se llega a buen puerto con la transacción, se inicia un juicio expropiatorio, donde las partes ofrecen pruebas respecto del valor del inmueble y es el juez quien fija el valor a través de una sentencia judicial.
A pesar de ello, el foco está puesto en quién se haría cargo de la obligación financiera. Según el fiscal de Estado, lo debe definir la ley: «Si se expropia, la norma puede establecer a quién le corresponde pagar, por ejemplo, a la Municipalidad», cerró.
El contar con espacios públicos de calidad es un derecho ciudadano. No sólo estimulan el encuentro con la naturaleza, sino con el otro, permitiendo un vínculo que últimamente parece haber emigrado hacia las redes sociales. Algunos se convierten, por espontánea decisión popular, en puntos de expresión cívica, pero otros se arraigan de una forma asombrosa a la idiosincrasia del lugar. Paraná y sus barrancas son éste último caso.
Sin dudas, el debate está sobre la mesa y todo indica un largo camino por recorrer.
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