La plaza contra el ajuste

TEXTO ALEJO MAYOR

IMÁGENES MAXI SANGUINETTI / SEMANARIO ANÁLISIS

Año 1993. Enero en Paraná, mes caluroso. Las elevadas temperaturas del verano, en pleno período vacacional, conjugadas con la pesadez de la humedad, brindaban la sensación de la nada pasar, el tiempo se suspendía en una quietud necesaria e inevitable, un paréntesis. Los más afortunados, en momentos del 1 a 1, tal vez hayan emprendido un viaje. Los remanentes buscaban alguna pileta o, tal vez, mojarse en el río, cuándo se podía. Quién sabe, tal vez, en el ahora desaparecido balneario de Los Arenales. Algunos jóvenes pelilargos al mejor estilo Guns N’ Roses se divertían por las noches en Danhes, el local bailable de moda. Sin embargo, hace treinta años, un hecho inédito de la historia de la conflictividad social reciente sacudió la modorra estival, con una movilización que dejó su huella en la provincia.

Ajustar al Estado

La década de los noventa en Argentina (así como en grandes partes del planeta) es reconocida en el plano de la historia socioeconómica como aquella donde se aplicaron en toda la línea las políticas neoliberales que se venían imponiendo desde la última dictadura, con el saldo de desocupación, desigualdad y vaciamiento que terminó por estallar en la gran crisis del 2001. El Estado nacional, considerado elefantiásico e ineficiente por sus adversarios ideológicos, cuya forma bienestarista se adecuaba al modelo de acumulación y desarrollo impuesto luego de la segunda posguerra, fue blanco de las críticas y destinatario de ajustes que debían modificar su forma, «achicándolo». El contexto internacional era el propicio, tras la caída del muro de Berlín en 1989. Los «vientos de cambios» que cantaban (y silbaban) los Scorpions no eran otros que el triunfo omnipotente del capitalismo en su versión neoliberal, cimentado con el discurso del «fin de la historia» y dando pompas fúnebres a las ideologías y propuestas societales alternativas. El llamado «consenso de Washington» se articulaba por estas tierras de esta manera como imposición de las políticas de apertura comercial y financiera, privatización de empresas y servicios en manos del Estado, desregulación de los mercados y ajustes fiscales en provincias consideradas inviables por los organismos internacionales de crédito.

Fue en la agonía del año 1992, durante el mandato provincial del ex supermercadista local Mario Moine (Partido Justicialista) que se aprobó la Ley 8706, que implicaba el despido de 2605 agentes estatales de un día para el otro, aunque preveía dejar en la calle unos 10.000 trabajadores en el plazo de un año. Este brutal ajuste, fruto de un acuerdo entre gobierno provincial y el Ministro de Economía y «padre del modelo» Domingo Felipe Cavallo, fue aprobado en la legislatura provincial a instancias del ejecutivo. Sin embargo, la aprobación de esta Ley Ómnibus que se aplicaba en Entre Ríos como prueba piloto de los sucedáneos ajustes que debían sanear las arcas estatales en las distintas provincias en el marco de la Reforma del Estado («Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado», anunció en furcio histórico el ministro de Obras y Servicios públicos Roberto Dromi). Fue recién en los primeros días del año ’93 que, a través de los medios, se dio a conocer el plan de ajuste con el nombre de «Informe Domenicone», por el apellido del funcionario del Ministerio del Interior nacional (a su vez ligado al Banco Mundial) que lo redactó, e incluía además de los despidos la privatización de la empresa de energía y la venta del Banco de Entre Ríos, entre otras medidas.

La resistencia

Desde un principio, el más importante sindicato que nuclea a los trabajadores estatales en la provincia, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), opuso una férrea resistencia a dicho plan en todos los frentes. Al momento de aprobarse en la Cámara de Senadores de la provincia, las bancas de los legisladores que la votaron fueron adornadas por los militantes de ATE con profilácticos (forros, en el decir popular) con los nombres de cada miembro. Además del recurso al humor y la ironía, el hecho de poner nombre y apellido a los responsables de determinadas acciones formó parte de un repertorio de protesta novedoso de los noventa, propio de una personalización de la política y que tuvo en los escraches de la agrupación HIJOS a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura su caso más paradigmático. Las macanas políticas tenían nombre y apellido. Y domicilios.

Las acciones directas de este tipo se complementaron a su vez con un accionar institucional por la vía legal: declarar la inconstitucionalidad de los despidos. La actitud de ATE se contrapuso con la del otro gremio que agrupa a trabajadores estatales, UPCN, quien acompañó el ajuste y al gobierno.

Sin embargo, a esta lucha ATE no podría librarla sola. En tanto se trataba de un ataque a las condiciones de vida de amplios sectores de la población, pronto se establecieron alianzas y acuerdos de coordinación que se cristalizaron en la Asamblea en Defensa de Entre Ríos y su Pueblo, entidad que pasaría a ser conocida popularmente como «la multisectorial». El estreno de esta organización (que contaba con un comité de lucha integrado por Edgardo Massarotti y Clelia Lavini, la secretaria general de AGMER) se dio con la convocatoria una movilización para el día 21 de enero. La misma debía iniciarse con una concentración en la Plaza 1° de mayo al caer el sol, a las 19:30, para de allí movilizarse hacia la Casa Gris. Mientras tanto, en las localidades del interior de la provincia se replicarían manifestaciones en los domicilios de los legisladores que votaron a favor.

El día que cortaron la luz

Cuentan quienes estuvieron allí presentes que la manifestación de aquel 21 de enero fue probablemente la más masiva y multitudinaria de las convocadas por los trabajadores organizados en Entre Ríos. Enormes contingentes encolumnados en sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles, profesionales y ciudadanos de a pie desbordaron las calles y marcharon por las arterias céntricas con destino a la Plaza Mansilla. «Cuando Dios hizo a Moine lo soñó seminarista, pero nunca imaginó este engendro menemista», cantaban algunos docentes que, en pleno receso, leían un cancionero escrito a máquina de escribir. Fueron, según palabras de Massarotti, entre 10.000 y 12.000 personas las que se encontraron en la plaza (más parecida a un playón de estacionamiento) frente a la Casa de Gobierno. El semanario de actualidad política Análisis, más austero en los guarismos, consignó unas 6.000. Hasta el ex gobernador radical Sergio Montiel, hombre poco afecto a las movilizaciones populares (más proclive a reprimirlas), estuvo presente. Asimismo, el sector que respondía a Jorge Busti: el peronismo (ideología política que compartían los dirigentes de los principales sindicatos) no se encontraba totalmente alineado. Quienes en años venideros seguirían en la línea de las políticas que desde nación se imponían con la convertibilidad, en aquel inicial momento buscaban despegarse de las impopulares medidas de ajuste. También pudieron verse micros que trasladaron delegaciones del interior e incluso la presencia de algunos popes nacionales de ATE y CTERA, como la histórica dirigente de la gremial docente Mary Sánchez.

El elemento épico tampoco estuvo ajeno a la protesta: los oradores se dirigieron a los manifestantes, ya en horas de la noche, desde una tarima improvisada como escenario completamente a oscuras, dado que el gobierno se negó a brindar la energía eléctrica para el acto. El gobierno puso todos los palos que pudo en la rueda de la organización, incluso desde los días anteriores, en los que se habló de posibles infiltrados (todo un clásico en la historia de la conflictividad social), se desalentó la participación mediante amenazas de despidos e inclusive se registraron las detenciones de dos integrantes de la comisión interna del Banco de Entre Ríos que realizaban pintadas contra el ajuste. Remembranzas de épocas oscuras cuyo duelo todavía se estaba procesando una década después.

Otro clásico de los noventa que se hizo presente: la carnavalesca quema de muñecos de políticos. Obviamente, Moine fue el blanco escogido: un muñeco que lo representaba, con un cartel que decía «Los Hermanitos» (por la cadena de supermercados de la que era propietario) fue prendido fuego y arrojado hacia la puerta de la casa de gobierno.

Otra novedad que presentó aquella multitudinaria plaza a oscuras fue la proyección de un material audiovisual, elaborado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social especialmente para la ocasión. La colaboración obrero-estudiantil no era un invento, pero sí el recurso técnico al servicio del reclamo. El mismo video fue proyectado en otras locaciones provinciales, constituyendo un hecho inédito en las protestas de la provincia.

El toque sentimental lo puso la lectura de una carta de parte de un niño de nombre Gerónimo Fernández, hijo de un trabajador despedido, que llegó al corazón de los presentes y atizar el sentimiento colectivo de injusticia e indignación.

Cerrando la calurosa noche de verano, con la plaza colmada aún, la música popular local tuvo su momento de la mano del conocido cantautor folclórico paranaense Jorge Méndez (autor de clásicos imborrables de la zona como «Canción de Puerto Sánchez» y «Puentecito de La Picada»). Se trató de una interpretación a capella del tema que lo hizo conocido a nivel nacional cuando explotó en el festival de Cosquín de 1965: el rasguido doble «Canción del Jornalero». Desde el furgoncito que hacía las veces de palco improvisado se pudo escuchar esa estrofa en tono de lamento sobre la dura realidad del trabajador: «Qué me esperará mañana / Si no gano mi jornal / Hoy no he conseguido changa  / No tengo ni pa’ yerbear. / Que le diré a los gurises  / Cuando pidan de comer / Es del pobre jornalero / En el mundo padecer».

La enorme movilización que se realizó aquel 21 de enero de 1993 en Paraná quedó marcada a fuego en la memoria de los concurrentes y representó un hito de la movilización trabajadora contra el ajuste menemista en la provincia. El grito «¡Que se vayan!» que se escuchó en aquella ocasión preanunciaba ese ciclo de protestas que unos meses más tarde explotaría en Santiago del Estero y tendría su punto máximo en las jornadas de diciembre de 2001, otra vez con la multisectorial como protagonista.

Un mes más tarde de la movilización, el Supremo Tribunal de Justicia falló a favor de la reincorporación de los despedidos, al declarar la inconstitucionalidad del 2º artículo de la ley 8706 que disponía la supresión de cargos.