Memoria del presente

enero 21, 2026

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS PABLO RUSSO

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Paraná organizó una concentración frente a la Secretaría de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, el miércoles 21 de enero por la mañana, en protesta por los despidos del gobierno provincial en el Registro Único de la Verdad (RUV) y el desmantelamiento de las políticas públicas sobre Memoria, Verdad y Justicia.

La calle San Juan al 100, en el microcentro de la capital entrerriana, se cortó transversalmente con la gente que se congregó a las 9:30 detrás de la bandera de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos (AFADER). Hubo lectura de una nota que al final del acto fue entregada en la Secretaría, megáfono abierto del que hicieron uso representantes de diversas organizaciones políticas y sindicales, y cantos y consignas por los 30 mil y por la unidad de los trabajadores. El alineamiento político ideológico de la gestión provincial con la nacional fue el eje de las críticas en las voces que se hicieron oír, a poco de cumplirse 50 años del último golpe de estado cívico militar en la Argentina.

María Luz Piérola destacó que«no solo es una historia pasada, acá es una historia presente que se debe profundizar. Estos archivos son nuestro acervo cultural. No aceptamos el negacionismo y mucho menos vamos a aceptar la reivindicación de la dictadura y el terrorismo de estado. Eso es lo que oficialmente se está haciendo con el negacionismo. Las pedagogías de la memoria tienen que seguir siendo profundizadas». Agregó que «no se trata de la nostalgia de los 30 mil, acá hablamos de las banderas revolucionarias por la que dieron la vida los compañeros, y eso es lo que quieren truncar: nos quieren aislados, nos quieren tristes, y eso es lo que no vamos a permitir. Seguimos las banderas porque queremos la patria liberada, no queremos la colonia en la que se está transformando y que ya es la Argentina, sino que queremos un país libre, soberano y que pueda regir sus propias políticas. La memoria es eso, es construcción del presente y del futuro».

A continuación habló Abel Antivero, Secretario General de AGMER, quien recordó los docentes desaparecidos y dijo que «reivindicamos el Nunca Más». Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos exigió la «recuperación de los 65 trabajadores y trabajadoras despedidos echados el 31 de diciembre por este gobierno provincial», habló de unificar la lucha ante un 2026 que anticipó como «sumamente tenso». Nadia Burgos, del MST, se refirió al ataque integral a la clase trabajadora y al derecho básico para tener una memoria para tener un presente y un futuro. Burgos llamó a la organización y a la unidad en la diversidad para derrotar a (Javier) Milei, luchando en la calle. Claudio Puntel, Secretario de Derechos Humanos y Cultura de AGMER, recordó que la existencia del RUV es producto de décadas de lucha, como una institución al servicio del pueblo. «Defendemos a los trabajadores y al producto de ese trabajo que son horas de lucha en cada repartición, en cada asamblea. No somos empanadas para que nos coman de un solo bocado», citó al General José de San Martín. Manuel Leiva, de la organización estudiantil CEPA de la FHAyCS, expresó que «el camino de la lucha es el que tenemos que seguir profundizando. Nada nos han regalado, todas las conquistas las tenemos que defender», y llamó a confluir en una masiva manifestación el 24 de marzo.

Marcelo Boeykens, uno de los empleados despedidos a fin de año por la gestión de Rogelio Frigerio tomó el megáfono y comenzaron los cantos. En un momento de arenga, declamó que si el trabajo que llevó adelante en el RUV estaba concluido, «¡Que nos digan dónde mierda está el Melli entonces, que nos digan dónde están los 30 mil desaparecidos, que nos digan dónde están los 400 nietos; tal vez (Julián) Maneiro, tal vez (María Emma) Bargagna, tal vez Frigerio lo saben¡».

En diálogo con 170 Escalones, Boeykens comentó la situación: «venimos señalando que desde el inicio de la gestión (provincial) hay un ataque sistemático hacia los organismos de la verdad, un vaciamiento y desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia». Añadió que a la falta de condiciones edilicias iniciales le siguió el despido de cuatro trabajadores con más de diez años de antigüedad. Todos ellos han interpuesto recursos de revocatoria que ahora están en la Justicia. Respecto a la situación de los archivos del RUV, remarcó que «están en custodia de la Provincia. En su momento señalaron que el Registro cerraba; en parte, por la movida que venimos realizando esto se ha frenado, ahora dicen que van a garantizar la existencia del RUV, pero preocupa que va a pasar con esos archivos. Solicitamos y vamos a seguir trabajando para que esos archivos también estén en custodia de los organismos de derechos humanos y de las víctimas del terrorismo de Estado. Allí hay cuestiones que son muy personales, que no pueden salir a la luz, que tienen que guardarse dentro de la esfera de la intimidad».

La nota, dirigida a Maneiro como Secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, expresa señala que desde su creación hace más de 20 años, en el marco de la Ley 9577, el registro ha constituido una herramienta fundamental para la construcción de memoria, verdad y justicia en la Provincia de Entre Ríos, cumpliendo un rol estratégico en las políticas públicas de Derechos Humanos. En el escrito se destaca, en particular: la custodia del archivo documental más importante de la región vinculado a la represión dictatorial; la articulación permanente con organismos especializados tales como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI, en tareas de búsqueda de personas desaparecidas e identidades sustraídas; la identificación y señalización de sitios de memoria, incluidos ex Centros Clandestinos de Detención y las políticas de Memorias como garantía de no repetición (el Nunca Más). «Advertimos con suma preocupación un proceso de desmantelamiento y vaciamiento del organismo», detalla la Multisectorial. Esto se manifiesta, indican, en la inexistencia de un edificio propio y adecuado para el funcionamiento del Registro; en la ausencia de una coordinación institucional que planifique y conduzca sus políticas; en el despido de la mayor parte de su personal, quedando actualmente solo tres trabajadores en funciones; y en el consiguiente y grave riesgo que esta situación implica para la preservación, integridad y resguardo del acervo documental que el organismo custodia. La misiva concluye con un pedido de audiencia para «intercambiar diagnósticos».

Sobre el asfalto, la lista de oradores prosiguió con Sofía Cáceres Sforza, de Sitradu, el abogado Guillermo Muné, referente de derechos humanos de Santa Fe y Silvina Suárez de AGMER. Luego de la entrega de la nota, se gritó «¡Presente!» por los 30 mil y se desconcentró. En la fachada de la Secretaría de Justicia, quedaron los afiches en blanco y negro con las fotos de Maneiro y Bargana y la frase «Las caras del negacionismo», y la foto de Sabrina Gullino Valenzuela Negro con la interpelación «Rogelio Frigerio ¿Dónde está el Melli?».