TEXTO Y FOTOGRAFÍAS STEFANÍA DE LA FUENTE LUCCA
La tarde recién comienza en Paraná y la plaza 1° de Mayo empieza a poblarse de cuerpos que llegan en silencio. Como en cada movilización que toma este espacio como punto de encuentro, hay banderas, bombos y carteles. Pero algo parece diferente, se percibe una atmósfera de tristeza, de bronca, de cansancio. Once años después de aquella primera marcha de Ni Una Menos que sacudió al país tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años asesinada en 2015, las calles vuelven a convocar desde el dolor. Y el contexto suma una nueva herida: entre los carteles aparece el nombre de otra niña. Agostina Vega, cordobesa, de 13 años.
Once años representan una generación entera, las compañeras de edad de Chiara hoy rondan los veinticinco años. En términos colectivos, también son once años de marchas, documentos, campañas, talleres, acompañamientos, denuncias y estadísticas. Más de una década de organización social frente a una violencia que continúa cobrándose vidas y acumulando nombres en los registros.
La consigna de este 3 de junio es sencilla y contundente: vestir de negro como expresión de un luto colectivo, un luto nacional. Un luto que incluso podría ser permanente porque, si cada femicidio recibiera la dimensión pública del duelo que merece, el negro sería firmemente el color cotidiano de la vestimenta argentina. Según los relevamientos de organizaciones especializadas, en Argentina una mujer es asesinada por razones de género cada 31 horas.
Quizás allí resida uno de los cambios más notorios de esta convocatoria. Las organizaciones ya no se limitan a nombrar a las víctimas porque la enumeración de los femicidios parece haber perdido parte de su capacidad de conmover a una sociedad expuesta de manera constante a la violencia. Surge entonces la necesidad de nombrar también a los responsables, porque detrás de cada mujer asesinada hay un agresor concreto. Detrás de cada femicidio hay una decisión, una historia y una responsabilidad: cada 31 horas un varón se convierte en femicida.
Entre las columnas aparece un cartel que sintetiza esa interpelación incómoda: «Si todas tenemos una amiga que sufrió acoso o abuso, y ustedes dicen no tener amigos acosadores ni abusadores, no cierran las cuentas». La frase avanza junto con la movilización y desplaza el foco de atención. Ya no señala únicamente al Estado o al sistema judicial, también se cuestionan los pactos cotidianos de silencio que permiten que determinadas conductas persistan sin sanción social.
La marcha desciende por calle Corrientes rumbo a Casa de Gobierno. El clima general parece atravesado por una tristeza compartida. Hay menos colores, menos ruido. Como si las herramientas tradicionales de protesta comenzaran a resultar insuficientes frente a la magnitud del problema. Como si los carteles necesitaran desbordar sus propios límites y extender su tinta sobre las calles, los muros, los colectivos y cada rincón del espacio público.
La convocatoria se replica simultáneamente en distintos puntos de Entre Ríos y del país. La ocupación de las calles continúa siendo una forma de insistencia política y social, una manera de sostener una pregunta que once años después sigue abierta y que todavía demasiada gente consigue esquivar: «¿A qué mujer cercana tienen que matar para que sientas que esto también te pertenece?».
A mitad de camino, mientras las columnas avanzan por calle La Paz en el semáforo que media la peatonal San Martín, ocurre una escena mínima. Un grupo de niños y niñas espera el paso de la movilización, llevan guardapolvos blancos y están acompañados por docentes que observan y aplauden. No forman parte de la marcha y, sin embargo, parecen condensar buena parte de su significado. Frente a una multitud vestida de negro, esos guardapolvos blancos construyen una imagen imposible de ignorar. En ellos se vuelve visible otra dimensión de la violencia de género: las infancias que quedan atravesadas por los femicidios, aquellos cientos de niñas, niños y adolescentes han perdido a sus madres como consecuencia de la violencia que, en numerosos casos, fue perpetrada por sus propios padres. Los cuerpos pequeños sobre los que también recaen las consecuencias de este sistema. En esos guardapolvos blancos, testigos circunstanciales de una movilización local, se manifiesta también la Ley Brisa, hoy amenazada por la misma lógica de ajuste que pretende reducir derechos a una cuestión de gasto público. Allí está la pregunta por el futuro.
Ya en la explanada de Casa de Gobierno, una de las lectoras del documento consensuado por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries sostiene el papel con manos temblorosas. Tiene el rostro cubierto y la voz quebrada. Menciona las estadísticas de femicidios, las situaciones de abuso contra niñas y adolescentes, las denuncias que no encuentran respuestas efectivas y luego formula una pregunta que resuena entre quienes escuchan: «¿Qué están haciendo los varones?». La pregunta se transforma en grito, ¿Qué están haciendo para desarmar las violencias presentes en los espacios laborales, en los grupos de amigos, en los clubes, en los sindicatos, en las relaciones cotidianas? La interpelación apunta a una idea reiterada a lo largo de la jornada: la violencia machista no es una anomalía ni una sucesión de hechos aislados. Es un fenómeno estructural cuya persistencia requiere ser pensada más allá de los casos individuales.
El 3 de junio transcurre además en un contexto político particular. Diversas organizaciones denuncian el desmantelamiento de programas de acompañamiento y cuidado para personas víctimas de violencia de género, denuncian también los recortes vinculados a la Educación Sexual Integral y la eliminación de políticas públicas como el Plan ENIA, que había contribuido a reducir los embarazos adolescentes no intencionales. La relación entre esas decisiones y las demandas de la movilización aparece de manera constante en los discursos. La preocupación expresada por las organizaciones radica en que la reducción de recursos estatales limita las herramientas disponibles para la prevención, la asistencia y el acompañamiento y así, lisa y llanamente, la violencia de género no desaparece cuando deja de ser una prioridad institucional; simplemente se vuelve menos visible mientras continúan operando las desigualdades que la sostienen.
Las consignas de Ni Una Menos se mezclan entonces con otros reclamos. Entre las columnas aparecen docentes, trabajadores estatales, jubilados y organizaciones sociales. Se cuestionan las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, pero también se señalan responsabilidades provinciales. El hambre, la precarización laboral, la desocupación y la violencia de género aparecen enlazados en una misma trama de desigualdad.
La movilización recupera una idea que atraviesa buena parte de los discursos feministas desde hace años: la violencia de género no puede pensarse de manera aislada de las condiciones materiales de vida. En esa mirada, la defensa de los derechos de mujeres y diversidades se vincula también con la protección de las infancias, el acceso al trabajo, la salud, la educación y las políticas de cuidado.
La interpelación hacia los varones ocupa un lugar central durante toda la jornada. No solo se reclama la intervención del Estado o del sistema judicial. También se exige que los vínculos cotidianos de amistad, trabajo, militancia o participación comunitaria dejen de funcionar como espacios de silencio frente a las violencias.
Las voces al micrófono dedicaron un apartado a cuestionar el rol de los medios de comunicación. Desde la Asamblea se denunció que la violencia de género suele ocupar espacio en las agendas periodísticas únicamente durante fechas emblemáticas como marzo o junio, mientras que el resto del año persisten prácticas de revictimización y espectacularización de los femicidios. Las críticas apuntaron especialmente a determinados medios locales, señalados por reproducir discursos de odio y contribuir a la estigmatización de activistas y referentes feministas. Según expresaron desde la Asamblea, resulta al menos contradictorio convocar a mujeres y diversidades para entrevistas o debates públicos y, al mismo tiempo, sostener espacios digitales donde los comentarios violentos, las descalificaciones y los ataques personales permanecen sin moderación ni respuesta. La discusión volvió a poner sobre la mesa la responsabilidad ética de los medios en la construcción de sentidos sobre las violencias y los derechos humanos.
El señalamiento no se limitó a los contenidos periodísticos. La Asamblea advirtió sobre el impacto que tienen los discursos mediáticos en la construcción de sentido común porque la violencia simbólica, señalaron, no permanece estática detrás de una pantalla, un estudio de televisión o una publicación en redes sociales. Cuando determinados mensajes legitiman el desprecio, ridiculizan las demandas feministas o presentan la lucha contra la violencia de género como un privilegio o una exageración, terminan alimentando formas concretas de violencia que encuentran expresión en la vida cotidiana.
En esa línea, las organizaciones cuestionaron la creciente tendencia de algunos medios nacionales y locales a reducir debates complejos a intercambios superficiales, atravesados por la lógica del algoritmo, la búsqueda de impacto inmediato, el rating o la confrontación permanente. Tal vez por eso la ocupación del espacio público sigue teniendo una importancia vital para el movimiento ya que frente a narrativas que buscan deslegitimar las demandas feministas o presentarlas como causas ajenas a la vida cotidiana, la movilización vuelve a hacer visibles los cuerpos, las historias y las ausencias que están detrás de cada consigna. La calle aparece entonces como un espacio de disputa simbólica, pero también como una herramienta para construir comunidad frente al aislamiento, la fragmentación y los discursos que promueven el odio. Porque las palabras tienen consecuencias, y aquello que se instala en el debate público muchas veces encuentra su correlato en las prácticas sociales, en los vínculos cotidianos y, en los casos más extremos, en las distintas formas de violencia que atraviesan la vida de mujeres y diversidades.
Once años después de la primera marcha de Ni Una Menos, las calles de Paraná vuelven a llenarse. Están las históricas referentes feministas y también quienes participan por primera vez. Hay estudiantes, docentes, trabajadoras, jubiladas, desocupadas, deportistas, militantes barriales, madres, abuelas, hermanas y amigas. Muchas llegan desde experiencias de acompañamiento, organización o denuncia; otras simplemente encuentran en la movilización un espacio para expresar el duelo y la preocupación.
Quizás por eso la marcha de este año tuvo menos cantos y más silencio. Menos celebración y más luto. Menos expectativa y más urgencia. Sin embargo, avanzó. Como avanzan las mareas incluso cuando parecen detenidas. Como avanzan las memorias que se niegan a desaparecer. Como avanzan quienes entienden que abandonar la calle sería aceptar que la violencia ganó y en este país ya se construyó la marea, que tenga el color que tenga, seguirá su camino de lucha.
