Crece, ¿todo crece?

TEXTO AQUILES DÍAZ

FOTOGRAFÍAS PABLO RUSSO

El proyecto de Ley de Accesibilidad al cannabis con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor fue presentado un mes atrás por los legisladores Néstor Loggio y Silvia «Nené» Moreno, del bloque CREER, y cuenta con el apoyo de los otros 18 diputados de ese espacio político. Fue debatido y escrito conjuntamente con representantes de organizaciones como la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mamá Cultiva, y la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannabicos (APAC). También participaron de las reuniones el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. Este jueves 15 de octubre, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzará su tratamiento.

La ley tiene como objetivo garantizar y promover el cuidado de la salud integral de las personas. El abogado penalista Andrés Bacigalupo, responsable del Área de Política de Drogas de la APP y coordinador de la redacción de la nueva reglamentación, sostiene que «el proyecto es ambicioso, muy acorde a los tiempos internacionales en países de vanguardia en los derechos humanos, que tienen mucha influencia política en esta ley». Y añade que «es una legislación receptiva, moderna y contemporánea de nuevos modos de entender el Derecho Humano de la Salud. Se trata de revolucionar el paradigma».

En su segundo artículo, se establecen dos principios con los que debe ser interpretado el resto de la norma. El primero, de Accesibilidad, precisa que el Estado debe poner la menor cantidad de obstáculos posibles al acceso de cannabis. El segundo, de Interpretación, invoca que todas las reglamentaciones posteriores se realicen siempre, en último término, en favor de los pacientes o usuarios.

El diputado Néstor Loggio enfatiza que «los procesos de cambios culturales son complejos. Esto va a llevar su tiempo, no es el fin de nada, al contrario, es el comienzo. El aceite de cannabis va ganando consenso y adhesión. Planteamos tener mejor calidad de vida porque está probado hace siglos, no porque se nos ocurrió a nosotros».

Para la elaboración de la norma, entre otras cosas, se investigó que, en el siglo V a.C., los Asirios ya utilizaban el cannabis para algunas dolencias. Asimismo, Israel fue el primer país en investigar científicamente sus cualidades en la década del 60. También se tuvieron en cuenta legislaciones de otros países, como Dinamarca, Países Bajos, Uruguay, Chile y algunos estados de Estados Unidos, como California.

Una ley obsoleta y una propuesta superadora

En 2017, Argentina sancionó la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, a la cual Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial 10.623, pero no fue lo que la comunidad esperaba y necesitaba. Su aplicación fue circunscripta a que el CONICET y el INTA pudieran realizar estudios y cultivos para investigación. Por lo demás, la sociedad quedó excluida. Loggio precisa que «la ley vigente genera una apertura a entender al cannabis como un tema de acceso a la salud, porque habilita los estudios. Sin embargo, no avanza sobre un aspecto central: que en Entre Ríos, el país y el mundo entero, desde hace mucho tiempo, es una planta que ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente».

Por su parte, Bacigalupo resalta que «la Ley Nacional tiene un espíritu prohibicionista, y quedó demostrado en la vigencia que tuvo. Hubo muchas restricciones, una lógica de control farmacéutico, científico, estatal y burocrático. Este nuevo proyecto busca empoderar al ciudadano y al paciente, darle soberanía sobre su cuerpo y su vida».

Dentro de esas exclusiones, no se cumplió con el artículo 8, que fijaba que se debía realizar un registro oficial de cultivadores. Carola Olavarría, representante de Mamá Cultiva Entre Ríos, puntualiza que «eso es lo más urgente, hay que sacarnos de la clandestinidad». En relación a esto, Loggio destaca que «hoy se accede al aceite de cannabis por relaciones subterráneas, marginales, ilegales. Lo que pretendemos con esta norma es poner en superficie toda esa realidad. En Entre Ríos son miles las personas que consumen aceite de cannabis, tiene que ser testeado y de alta calidad».

El nuevo proyecto de ley prevé que cualquier persona, con prescripción médica, pueda sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados, para consumo terapéutico, medicinal o paliativo del dolor. Establece que también pueden realizar estas tareas el Estado provincial, los municipios y las comunas, laboratorios, universidades, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones y cooperativas, así como organismos de ciencia y tecnología. También plantea que las personas cultiven para terceros que no puedan o no deseen hacerlo, para conformar una red solidaria.

La autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Producción, será quién otorgue las licencias y los certificados de cultivo y de consumo. Como preferencia, se otorgarán permisos de producción a economías sociales, populares y regionales. También se dispone que las farmacias puedan producir y comercializar formulaciones magistrales.

«Como es requisito ineludible la prescripción médica, quedamos en poder de los médicos, y no muchos han atravesado esta deconstrucción de la medicina tradicional, que opta por tratamientos puramente farmacéuticos», menciona Bacigalupo. En este sentido, la ley asienta que se deberán realizar capacitaciones obligatorias en todos los organismos del Estado, desde los de Salud, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Por su parte, Loggio completa con que «hoy los funcionarios de seguridad están educados para asociar: planta de cannabis igual a droga».

Afirma Bacigalupo: «Se está comenzando un proceso de deconstrucción de la criminalización del cannabis y su viejo paradigma como una droga blanda peligrosa porque conduce a drogas duras, u otros mitos que se construyeron». Y añade que esta ley busca crear un sistema sanitario provincial que no dependa de los vaivenes nacionales.

«El palito de abollar ideologías»

En 2017, el rol persecutorio del Estado golpeó la puerta de Sabina Galfano, que tenía nueve plantas para consumo personal. Debido a una denuncia anónima de un vecino, la policía allanó su casa. «En un momento, hubo 15 personas en mi departamento, que tiene dos ambientes. Llamaron a toxicología, hicieron los reactivos y el papeleo», cuenta. Luego, la procesaron y dos años después, en septiembre del año pasado, fue a juicio.

Basándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional, la Justicia decidió absolver a Sabina, pero no declaró la inconstitucionalidad de la Ley 23.737, como la defensa quería. «Estás librada a la suerte, al humor o al prejuicio que se tenga sobre algunas cuestiones», señala Sabina. Luego, agrega que «gran parte de la comunidad cannabica que cultiva vive con miedo de sufrir allanamientos, si es que todavía no lo sufrieron. Alcanza con una llamada anónima».

Pese a que la Ley 23.737 declara la ilegalidad del consumo de cannabis, fallos de la Corte Suprema como el de Bazterrica en 1986, o el de Arriola en 2009, establecen que esta ley es inconstitucional. Sin embargo, Bacigalupo indica que «si bien no te castigan, la estigmatización queda, y muchas veces te sacan las plantas. La ley entrerriana busca ponerle freno a una serie de políticas internacionales denominadas de ‘guerra contra la droga’ que tuvieron un fuerte impacto en Latinoamérica a partir de 1960, y que se han recrudecido mucho en los últimos años».

Cien años de prohibición bastaron para borrar del inconsciente colectivo muchos siglos de utilización de la planta. «Hay que ganar terreno, subir escalones y cambiar la idiosincrasia», propone Galfano. Además, Carola Olavarría asegura que «lo más importante es no estar criminalizados, que nuestro lugar esté protegido. El miedo siempre está. Si un vecino está molesto porque tu perro ladra, te puede denunciar porque sabe que vos tenés plantas, y te inician una investigación».

«El sistema punitivo del Estado está para perseguir narcotraficantes, no para ir atrás de un tipo que se fuma un porro», afirma el diputado Loggio. En este sentido, esgrime que hasta 2017 el Estado había tenido una mirada estrictamente persecutoria, por entender al cannabis como una droga. Hasta hoy, buena parte de la sociedad ve como positivo cuando se suben fotos de secuestro de plantas por parte de la policía.

Si bien el proyecto no regula el uso adulto y recreativo del cannabis, los redactores coinciden en que es un paso importante para una regulación más amplia. «El Estado ha optado por entrar en una zona de permisión, por el lado de los fines medicinales, que me parece un paso indicado porque la sociedad necesita tiempo para madurar antes de llegar a una regulación más amplia e integral», dice Bacigalupo.

Si echa raíces, crece más fuerte

El 4 de agosto de 2016, Carola Olavarría entró a escuchar la charla informativa acerca del uso medicinal del cannabis que se brindó en la Escuela de Música de Paraná. Se sentó sin saber mucho y salió decidida a que su hija no sufra más. Abril, que tiene Síndrome de Rett, en ese entonces tenía 10 años. «Ese momento fue el antes y el después, en septiembre ya le estaba administrando aceite que nos donó un cultivador de Buenos Aires», cuenta.

«Los resultados fueron instantáneos. Ese mismo día dejó de tener dolores intestinales. Meses después, salió normal el primer encefalograma en diez años, porque antes daban todos mal, y venían empeorando», narra Carola. Luego, su hija recuperó la conexión: «En ese momento, ella estaba totalmente desconectada, y nos volvió a mirar, a escuchar, a buscar con la mirada», expresa la mamá de Abril.

Si bien tiene claro que el aceite de cannabis no cura, Carola reconoce que la calidad de vida de su hija, y de toda su familia, mejoró considerablemente. «Las crisis de convulsiones son más cortas y espaciadas en el tiempo, además, se recupera rápido y no vuelve a tener durante todo el día», describe.

«En la Ley 27.350 hubo muchas burocracias estatales a la hora de reconocer las patologías tratables. La reglamentación solo le dio utilidad para la epilepsia refractaria, el sistema no era eficiente, el reconocimiento de otras patologías fue un infierno», explica Andrés Bacigalupo. Sin embargo, a Mamá Cultiva se acercan familiares o personas con enfermedades o patologías como Parkinson, diabetes, fibromialgia, glucemia alta, artrosis, artritis, epilepsia, depresión, TGD, autismo, Alzheimer y pacientes oncológicos. «En 2016, la gente nos decía que usábamos a nuestros hijos para drogarnos o traficar. Hoy la cuestión cambió bastante, pero todavía falta», manifiesta Carola.

En colaboración con la Secretaría de Ciencia y Técnica, con la que ya se está trabajando, el proyecto de ley también prevé que cualquier persona pueda acceder a testeos gratuitos, realizados en laboratorios estatales como los de la UNER y la UADER. Esto se debe a que cultivadoras como Carola no tienen posibilidad de estudiar si sus productos son idóneos o no.

El futuro llegó hace rato

El proyecto de ley se tratará desde este jueves en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para luego ser debatido en el pleno. Se da en consonancia con el anuncio, en julio pasado, del Ministerio de Salud de la Nación, de una nueva reglamentación de la Ley 27.350, para ampliar el espectro de la norma y permitir más participación de la sociedad civil.

Este movimiento se gesta en medio de avances de otras provincias como Jujuy, Santa Fe, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, y busca asemejarse a legislaciones de países como Canadá y Uruguay, e incluso Estados Unidos, que hoy «se nos ríe y nos tira el humo en la cara», ironiza Bacigalupo. Además, Loggio reveló que en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación se está discutiendo un nuevo proyecto superador y moderno, con la misma orientación que el proyecto de Entre Ríos.

«En el futuro inmediato vamos a tener normas que van a permitir que la comunidad acceda a un bien tan preciado como es el aceite de cannabis», afirma el legislador y concluye «sin temor, sin miedo, sin persecución. Como debe ser».