Campo de batalla

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS PABLO RUSSO

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El debate por el sistema productivo está en la agenda de varias organizaciones sociales desde hace tiempo, aunque esporádicamente adquiera relevancia mediática en ocasiones de alguna novedad política o judicial al respecto. La discusión y los argumentos van delineando posicionamientos en una confrontación que, cuando emerge, se transforma en divisoria de aguas; en una nueva versión de una brecha que es histórica. Esto es lo que viene ocurriendo en los últimos meses en la provincia, desde que el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos consiguieran una victoria judicial que delimita el terreno a fumigar en las cercanías de las escuelas rurales.

Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Alrededor de la Casa Gris, símbolo del poder político provincial, marcha la ronda de los martes desde hace más de setenta semanas  convocada por agrupaciones socio ambientales locales, siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo. Hace menos de siete días la manifestación mundial contra Monsanto Company también tuvo su expresión local. El miércoles pasado se presentaron tres experiencias sustentables en sistemas productivos alternativos al monocultivo transgénico. Fue en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, convocados por «La agenda verde» y Cultura Ambiental Causa Ecologista (CAUCE). Allí estuvieron dando testimonio la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Minoca y La Porota.

El jueves fue el turno de la reacción. En el mismo momento en que se desarrollaba en Paraná el IV Congreso Educativo de AGMER, los productores se movilizaron frente a Tribunales. En la reunión docente, con más de 1600 personas de regionales de todo el país, se celebró el fallo judicial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sosteniendo las distancia de mil y tres mil metros para las fumigaciones terrestres y aéreas en zonas escolares, mientras que frente al Poder Judicial se reclamaba por el derecho a envenenar.

Con la arrogancia que da saberse un grupo de presión económica importante, los manifestantes rurales estacionaron sus camionetas 4×4 sobre calle Laprida y llevaron su petitorio al STJ, para que revea la medida adoptada. Estuvieron allí toda la mañana y luego hicieron su demostración frente a las puertas de la Casa de Gobierno. Las banderas argentinas y entrerrianas identificaban al sector, además de algunas pancartas escritas a mano. «Por no poder pulverizar nos quedamos sin pasturas, el tambo se cierre y queda gente sin trabajo», se podía leer en uno de ellos. Pero el más llamativo, quizás, haya sido el de una niña vestida con guardapolvo y un cartel que decía: «Mi papá siembra, mi papá fumiga, pero mi papá nos cuida… Buenas prácticas al aplicar agrotóxicos».

Consultado por 170 Escalones, el padre de la gurisa detalló qué significa buenas prácticas: «hacer las cosas bien, aplicando en tiempo y forma o fuera de turno (escolar). Tóxico hay en casa, hay en todos lados. Si hablamos de contaminación, contaminamos todos», argumentó Diego Cosman, de Viale. «Hay una Ley nacional establecida que está desde hace varios años; estamos superponiendo leyes, creo que se podría convivir y hacer las cosas correctamente aplicando a una distancia de cincuenta y cien metros. Es más, hay docentes que nos estarían apoyando porque, en definitiva, ¿qué vamos a generar alrededor de la escuela? ¿Cría de malezas, insectos, víboras? ¿Qué quieren, que las víboras le piquen a los chicos?», continuó.

Entre los dirigentes presentes, esta publicación dialogó con Alfredo Bell, presidente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos: «El que manda los chicos a la escuela es el productor. Acá hay un conflicto que no existe: de 850 escuelas no hay más de tres o cuatro en conflicto con docentes que no son del sector. No hay casos concretos, ni pruebas; no se ha llamado a ningún organismo técnico –ya sea el INTA, Universidades, Conicet, el propio Ministerio de Salud-. Nosotros no vemos esa realidad que nos plantean hoy sectores del ambientalismo». Consultado por si al petitorio entregado le adjuntaban algún estudio científico que estableciera la inocuidad de las pulverizaciones, Bell contestó que «hoy no, es concreto y fue aprobado el lunes en Crespo». Elvio Guía, que planteó hace unos días mudar las escuelas rurales, también formaba parte de la comitiva; así como Juan Diego Etchevehere, de la familia propietaria de los campos en donde en 2014 se encontraron trabajadores esclavizados.

Mientras una delegación se reunía con el doctor Emilio Castrillón, máxima autoridad del STJ, una asamblea espontánea brindaba testimonios en las escalinatas del edificio, donde al menos esta vez no atropellaron a nadie con sus vehículos. «No somos los malos de la película. Desde el momento que planificamos nuestras actividades tenemos como pilar fundamental la seguridad ambiental, la conservación de los recursos y sobre todo la vida nuestra, el cuidado de nuestros hijos. Los que vivimos en los pueblos chicos o en zonas rurales sabemos que abuelos o padres nuestros han hecho las escuelas que hoy se jacta la provincia de tener, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros empleados puedan escolarizarse. Han sido las escuelas levantadas con el sudor de los gringos y de todos los componentes de la comunidad. No vamos a ser tan desgraciados de querer envenenarlos», expresó un productor arrocero. «Venimos de una actividad que demanda muchísimo de las aplicaciones, sobre todo de las pulverizaciones aéreas. Imagínense como estamos. La provincia nos viene matando con los costos de energía. Tuvimos que acatar, porque somos gente que acatamos, no nos mostramos en rebeldía, acatamos los fallos. Esos productores han visto afectados sus cultivos», agregó entre aplausos y el sonido de un cencerro de vacuno.

«Tengo 18 hectáreas y mi campo está afectado el 100% de no poder aplicar ninguna tecnología como siempre lo hemos hecho responsablemente. ¿Quiénes de estos señores se va a encargar de mantener a mi familia y a mis hijos para que puedan seguir trabajando el campo como lo hicieron mis padres después de mis abuelos y después yo. ¿Ahora ellos qué? ¿Que se vayan porque hay un grupo que no sé cómo denominarlos que están bajo intereses económicos?» se quejó Favio Schnaider de Colonia Lerú, a 30 kilómetros de esta capital. «Me cortaron las manos a mí y a mi familia, que tenemos una escuela dentro del campo que levantó nuestro abuelo. Una escuela y una capilla. Campos que hoy no puedo trabajar porque lisa y llanamente inutilizaron la propiedad privada», protestó, a su turno, Guadalupe Vivanco, presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá.

Los chacareros se autoproclaman representantes de la honestidad, el trabajo y la moral frente a un país corrupto y de funcionarios ineptos que ellos deben mantener con sus tributos. «Nosotros hacemos patria todos los días de nuestras vidas, porque sangramos con los impuestos para soportar la ineficiencia de la gente que nos gobierna y que deberían darnos soluciones en lugar de ponernos piedras en el camino. La gente de campo es gente de trabajo, lo que hoy pide la Argentina a gritos. Esta lucha es peor que la 125, hoy nos cortaron las manos, hay que dejar todo, por la patria, por la grandeza que no tienen nuestros gobernantes y que sí la tenemos en el campo», arengó Vivanco.

Más escatológico resultó el discurso de Adolfo Weber, productor del distrito Quebracho del Departamento Paraná: «No se puede producir sin contaminar. Todo hombre a la mañana cuando se levanta o a la noche cuando se acuesta, va al baño y contamina; somos ocho millones en el mundo contaminando, así que decir que se puede producir sin contaminante es de ignorante o de versero», cuestionó en una increíble comparación entre defecar y envenenar. Luego arremetió contra Daniel Verzeñassi, del Foro Ecologista de Paraná: «Nunca voy a poner en la misma bolsa a todos los ecologistas porque hay gente muy seria, pero está este hombre, Verzeñassi, con el que me he encontrado varias veces, y si lo encuentra a Cristo lo pelea porque él tiene la razón. El único que tiene la verdad sobre las cosas es él y los demás somos todos ignorantes, asesinos, criminales que estamos dedicados a matarnos y matar a nuestros hijos, a la gente, y regalarle la plata a Monsanto», dijo entre risas de los presentes el señor que sostuvo ser representante de Urquiza.

En nombre de la patria y con el pecho hinchado de argentinidad y entrerrianismo, los integrantes de las asociaciones del agro de Entre Ríos defendieron su modo de producción basado en el paquete tecnológico que implica las pulverizaciones de agrotóxicos sobre los sembrados, desde la tierra o el aire, esparciendo sus venenos en el agua y en la atmósfera, sin atisbar, hasta el momento, siquiera una posibilidad de modificar sus arraigadas tradiciones y producir un agricultura diferente.

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