TEXTO JOHANNA PELTZER
FOTOGRAFÍAS PABLO RUSSO / TRAVA A LA GULA / CLAU GALEANO
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A principios de este mes, el Gobierno de Argentina decretó destinar un cupo de al menos 1% en los cargos del personal del Sector Público Nacional para «personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo». La normativa establece que habrá un registro de aspirantes al cual podrán acceder, quienes hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre.
Esta decisión busca responder una problemática que azota al país hace mucho tiempo y que deja en vilo los derechos de este sector, cuyo único medio histórico de supervivencia ha sido la prostitución. A nivel nacional, el 83% de estas personas están en dicha situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, en Entre Ríos el problema es más profundo, donde ese porcentaje llega al 95% y parece cada día incrementarse más. El pasado 24 de septiembre, en sintonía con la Nación, se aprobó en Cámara de Diputados de la Provincia el cupo laboral trans. El porcentaje es el mismo: el 1% para cargos en el Estado, organismos descentralizados y empresas públicas.
Keili González, activista trans, asegura que es un triunfo pero que no hay nada para festejar aún: «Esto reconoce la problemática y la existencia de nuestros cuerpos pero no alcanza, no está en la medida justa que necesita la población porque todavía el Estado vulnera otros derechos, no sólo el laboral. Todavía tenemos una expectativa de vida de 35 años por la falta de acceso a todos los sistemas: educación, salud, vivienda, espacios recreativo-culturales, arte. Como la violencia es estructural, la respuesta debe ser integral». Integral porque no hay dos sin tres y sin educación no hay trabajo, sin trabajo no hay vivienda, sin vivienda no hay salud y sin salud no hay vida.
Macarena Cornejo, integrante de la Asamblea de Mujeres, Travestis y Trans de Paraná, también celebra la decisión pero todavía lo manejan con cautela: «Hay que ver después qué requisitos te ponen para ingresar. Si te piden el secundario completo o un idioma, nadie se va a poder presentar porque la mayoría no ha tenido acceso a una educación completa. Ni hablar si piden una determinada edad», dice.
Iara Quiroga, también activista de la causa, coincide con sus compañeras: «Hasta que no las vea trabajando a lo largo y a lo ancho no voy a poder celebrarlo. En Paraná, hace un año tenemos el cupo y no hay ninguna adentro», expresa.
En Entre Ríos, Keili habla de una «situación particular» dado que «hoy las compañeras no acceden ni a la alimentación. Lo básico, ni siquiera a la salud. Ellas deben apelar a las organizaciones feministas para salvaguardarse todos los días, que les demos un bolsón de mercadería o dinero. Acuden y a partir de ahí tejemos redes para ayudar».
«El otro día hicimos un punteo de las que tenemos trabajo estable y no llegamos ni a diez en toda la provincia. Conocemos tres docentes, una enfermera, Keili en la Municipalidad de Nogoyá, yo en IOSPER y pará de contar. En el privado menos que menos», asegura Macarena.
Por su parte, Iara fue una de las contratadas y posteriormente despedidas por la Municipalidad de Paraná. Ahora puso un emprendimiento de panificación artesanal: se llama Ponele Trava a la gula y organizó una rifa para poder comprar todos los elementos necesarios para llevarlo adelante. La misma sale 300 pesos, sortea el 17 de octubre y pueden pedir un número a través de su página de Facebook.
En Entre Ríos, solamente tres municipios aprobaron el cupo trans: Paraná, Victoria y Rosario del Tala. En ninguna de las tres localidades está activo. En la ciudad de las siete colinas la ordenanza no fue promulgada y en el centro de la provincia no se está implementando.
Por su parte, en la capital entrerriana la ordenanza fue ejemplar porque preveía también la creación de programas sobre salud, educación, vivienda y justicia. Luego de su aprobación, cinco mujeres y un varón trans fueron contratados en 2019. Con el cambio de gestión, resultaron despedidos y nunca pudieron reincorporarse. La situación pasó por el Superior Tribunal de Justicia, con un fallo a favor de los disidentes y dos posteriores en contra. Ahora, está todo en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Cabe destacar que en otras ciudades como Nogoyá y Seguí también hubo intentos pero los proyectos no tuvieron estado parlamentario o no se los consideró por la negativa de los concejales.
En los últimos meses, la comunidad trans de Paraná estuvo marcada por tres pérdidas: Jésica Nicky Benavidez, cuyo fallecimiento fue catalogado como «muerte dudosa»; Lucía La Loba Torres Mansilla, transfemicidio; y Gabriela Cuello, un caso que no fue noticia pero se debió a deficiencias en la salud.
La causa de Nicky se cerró sin pistas ni culpables. La Loba descansa en el Cementerio Municipal, con una lápida improvisada de cemento que tampoco respeta su identidad de género autopercibida: «Bruno Barrera» reza la losa, que abajo traza «Lucia Mancilla» entre paréntesis, como haciendo una aclaración.
Por su parte, en el caso de Gabriela, las disidencias también apuntan al abandono del Estado en esta problemática: «Gaby era de las más viejas, vivía de la prostitución. Entendemos que se dejó morir, porque abandonó el tratamiento contra el VIH como resultado de un cansancio psicológico y físico», explica Macarena. «Nos enteramos una semana después que estaba internada en el Hospital San Martín y cuando llegamos vimos un cuadro devastador», agrega.
Según cuenta, Gabriela estaba postrada en una cama sin colchón antiescaras y en un estado de desnutrición debido a que no le habían descubierto una infección en la garganta que no le permitía comer. Además, no se le respetaba su identidad autopercibida y una médica del nosocomio se negó a atenderla. «A los cinco días fallece en el hospital. Teníamos esperanzas pero no hay forma de que alguien sobreviva en ese maltrato», dice.
Iara y Macarena se encargaron de los trámites del sepelio y la anécdota termina de una forma desoladora: «Cuando todo terminó, con Iara estuvimos juntas llorándonos todo y en un momento me mira y me dice “Esto me deja una sola pregunta: ¿Quién va a ser la próxima?”».
Sin dudas, el cupo laboral viene a intentar reparar la falta de oportunidades que tienen las personas travestis, transexuales y transgénero en nuestro país pero se verá limitado si con él no vienen políticas públicas que apunten a asistir otras aristas sustanciales y valorables como son la mismísima alimentación, salud, educación y vivienda.
«Estamos cansadas de estar en el último eslabón», dice Keili. «Seremos descreídas hasta que lo veamos», agrega Macarena. «Esperamos que no sea un pantallazo y después nos dejen de vuelta en la calle», cierra Iara. No hay mucho más para decir. El cambio debe ser transversal e integral, para que no se intente tapar el sol con un dedo.
