TEXTO FRANCO GIORDA
FOTOGRAFÍAS 170 ESCALONES
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La madre de todas las batallas para la comunidad trava-trans es el derecho al trabajo. Hay también muchas otras reivindicaciones pero, en este momento, no poder ingresar al mundo laboral significa la marginación en salud, vivienda, educación, cultura, etc. Esta exclusión las está matando. El promedio de vida de las travestis y transexuales en la Argentina no llega a los 40 años.
Con el objetivo de paliar este padecimiento, ingresó en el Concejo Deliberante de Paraná un proyecto para garantizar la inclusión en la planta de la Municipalidad. La iniciativa, presentada por la concejal Stefanía Cora (FJV), busca «promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público» y visibilizar la vulnerabilidad y la exclusión social, laboral y educativa que «conduce a que cerca del 80 % de la población trava-trans ejerza la prostitución».
La propuesta busca establecer un cupo anual no menor a diez personas para el ingreso en la administración pública hasta alcanzar un 3 % sobre la totalidad de agentes. «Se establece para el logro de dicho objetivo la exclusividad y prioridad para todas las vacantes que se generen, en toda forma de contratación, desde la sanción de la presente ordenanza en adelante», dice el texto legislativo. También se contempla la creación de un Registro Único de Aspirantes y la implementación de planes tendientes a la capacitación y la accesibilidad al puesto de trabajo.
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La imposición de un cupo laboral es «una medida de discriminación positiva. De ese modo se resuelve la desventaja comparativa que es punto de largada de la gran mayoría de personas trava-trans», se sostiene en el proyecto.
Al inicio de la sesión del parlamento local, llevada a cabo este jueves 30 de agosto, se concentró frente al recinto parte de la mencionada comunidad para hacer visible la propuesta en marcha. En diálogo con 170 Escalones, Iara Quiroga se presentó como activista y militante de los derechos humanos. «Este proyecto es lo que une a toda la comunidad trans. La inclusión laboral es una necesidad básica. Es un derecho que nos ha sido negado durante muchos años. Es parte de nuestra expulsión de la sociedad porque muchas veces no podemos acceder a una vivienda digna o tener una obra social», dijo.
También indicó que «estamos muy contentas con este proyecto y vamos a pelear para que pueda ser implementado. Es parte de una reparación histórica tanto para las compañeras que murieron sin acceder a un trabajo digno como para las que están por venir. Nadie más tiene que pasar el proceso que han vivido las compañeras más grandes. No queremos más esta sociedad nefasta llena de discriminación».
En el proyecto se cita el último informe elaborado por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) en el que se afirma que la expectativa de vida de una persona trava-trans es de 35 años. «Excluidas del sistema, muchas llegan a esa edad con graves problemas económicos, de salud y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa. En condiciones de precariedad y en un contexto de constante estigmatización que las aleja de sus derechos y que conduce al aislamiento, la subsistencia se torna un desafío. Según la investigación, sólo 1 de cada 50 varones y mujeres trans tienen un empleo formal con aportes jubilatorios», se señala.
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Por su parte, Cora dijo a este medio: «Nosotras y nosotros entendemos que desde 2012 con la Ley de Identidad de Género en adelante se abre una puerta de trabajo colectivo; por un lado, para erradicar la discriminación de la comunidad trava-trans y, por otro, conquistar el trabajo formal que lamentablemente es una de las mayores problemáticas». A su vez, aclaró que «no soy la autora del proyecto sino que es la comunidad trans que hace años viene trabajando por esto. Somos un mecanismo y un rol institucional que lo presenta. El objetivo es que salga la mejor ordenanza posible con los otros bloques, con el Ejecutivo y que este tenga la responsabilidad de cumplimentar esto. Así como la sociedad y la democracia tienen una deuda con las mujeres en relación al aborto legal, seguro y gratuito, también la tienen con el trabajo formal para la comunidad trava-trans».
Consultada sobre el proceso de elaboración de la iniciativa, contó que «el proyecto lo venimos hablando hace dos años en muchísimas instancias; algunas, hay que decirlo, mejores que otras, como todo proceso. Entendemos que en la sociedad de Paraná la Asamblea de Mujeres, Travestis y Trans viene trabajando profundamente en la sensibilización para que el proyecto llegue con un abrazo y no con repudio, para que llegue con entendimiento y no con menoscabo de los derechos. Lo que pedimos, más allá de las creencias personales, es el respeto a las personas que sufren mucho desde hace años por la hipocresía y la mentira de una sociedad que históricamente los ha ninguneado».
El objetivo de quienes impulsan la propuesta es que antes de fin de año Paraná cuente con una ordenanza que garantice un cupo laboral para la referida comunidad.
170 Escalones también habló con la referente del colectivo, Keili González, para conocer su opinión sobre el panorama actual. Al respecto, señaló que «la provincia debe tener el índice más alto de prostitución. No hay estadísticas pero nos conocemos todas. Un 95 % de la comunidad trava-trans ejerce la prostitución en los distintos departamentos. El único generador de recursos para las compañeras es el culo. Es alto el costo de exponerse a la prostitución. Además tiene una carga estigmatizante y estereotipante».
Al mismo tiempo, señaló que «abordar estas políticas del empleo trava-trans tiene que ser real, algo esencial para avanzar en el campo de los derechos humanos, como lo es el aborto, como lo son un montón de temáticas. No puede haber una comunidad en el territorio nacional que tenga un promedio de vida de 32 años y eso no sea concebido como un problema. La ley lo único que nos garantiza es el cambio registral, pero existe una gran falencia en el acceso a los diferentes sistemas públicos y la que accede tiene enormes barreras para permanecer. Entonces, nuestra lucha es allí también. No solo se trata de la accesibilidad, sino de la permanencia. Encontramos profesionales que tienen toda la buena voluntad y están en eso. La única funcionaria que nos ha escuchado es la ministra de Salud. En Turismo y en Derechos Humanos no nos dieron cabida. Por eso, tenemos que diseñar estrategias con nuestras aliadas».
Sobre otras iniciativas similares dijo que «hay un proyecto para toda la provincia que lo va a presentar la diputada Emilce Pross (PJ) del cual yo no estoy al tanto y no tengo por qué estarlo tampoco. Al hablar de causas se sectoriza porque si estás en contra del sistema y del gobierno también sos excluida», y agregó que «encontramos en el feminismo una herramienta transformadora de la realidad donde somos sujetas productoras de esos conocimientos y de estrategias políticas. Encontramos en el feminismo ese abrazo colectivo que no siempre estuvo. El feminismo promueve la igualdad. Nosotras estamos demandando ese feminismo que nos ponga en esa igualdad y en la transversalidad de las acciones políticas y en agenda. Eso no siempre se da».
Sobre la iniciativa que tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante de la capital provincial, finalmente, dijo «en el proyecto está nuestra visión, nuestra mirada, nuestro visto bueno y eso no es menor. Si bien es en Paraná, entendemos que la militancia no tiene límites. No hay fronteras para militar. Yo soy de Nogoyá y eso no me hace menor en la lucha. Algún día lo traeremos a Nogoyá y lo militaremos, pero hoy es una enorme posibilidad para las compañeras de Paraná».
