TEXTO Y FOTOGRAFÍAS FRANCO GIORDA
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En las ventanas de los Tribunales Federales de Paraná cuelgan banderas con hojas de marihuana y consignas como «Autocultivo ya», «Cannabis libre», «Quiero ser legal» y «420», (número que refiere al código sobre consumo de la sustancia). En la vereda del juzgado prima un espíritu alegre, propio de quienes quieren ser libres.
Los manifestantes fuman porro, conversan sobre cannabis, comparten publicaciones especializadas y leen un documento redactado por la Asamblea por el autocultivo libre de Paraná. A través de ese texto se reclama legalidad para plantar, consumir y expresarse. También se pide por el desprocesamiento de quienes tienen causas abiertas por siembra, cultivo, tenencia simple y preconización. Los reclamos formales tienen que ver con modificar la legislación y la política vigente.
Además de las organizaciones cannábicas reunidas en la Asamblea están presentes integrantes de la entidad Mamá cultiva, personas con patologías que han mejorado su calidad de vida a través del uso de la marihuana e integrantes Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). «Organizaciones de todo el país también mandaron su apoyo y firman con nosotros el documento», cuenta Sabina Galfano a 170 Escalones.
Ella, junto a Maxi Burgos y Andrea González son los encargados de leer el texto consensuado. «El reclamo principal es el cese de la persecución a usuarios y cultivadores, también queremos que nos permitan seguir brindando información y que la libertad de información sea respetada. Además, tienen que ser absueltos todes les compañeres que están siendo procesados en este momento y detenerse los allanamientos que son una vulneración de nuestros derechos» sostiene la activista en diálogo con este medio.
Parados en la sombra, sentados en el piso, tomando mate, fumando, sacando fotos o sosteniendo carteles, los manifestantes siguen con atención el desarrollo del escrito. Una mujer pasa y, por las dudas, manifiesta su oposición a la despenalización del aborto. Nadie entiende bien qué quiere decir. También hay pegatinas de calcos con la consigna «une + que cultiva, une – que compra».
Entre otras cuestiones, se manifiesta que el acto es una «respuesta política y ética a los allanamientos que venimos sufriendo varies miembres, especialmente tras el cambio de políticas y un nuevo intento de batallar contra el narcotráfico». Los adherentes entienden que la postura prohibicionista fracasó, ya que «las normativas vigentes en nuestro país no condicen con la realidad social que se evidencia al día de hoy. Mientras éstas leyes criminalizan el cultivo y consumo de cannabis, lo innegable es la creciente cantidad de personas que hacemos uso de dicha planta y de todos sus beneficios».
En el discurso se anuncia el pedido formal de audiencias con el Procurador General del Ministerio Público Fiscal; el Juez Federal, Leandro Ríos; el Fiscal General en lo Penal de la Cámara de Apelaciones y la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.
Consultada sobre qué se planteará en caso de que se efectúen esas reuniones, Galfano indica que «la idea es pedir que se adopten políticas públicas donde estas cuestiones dejen de ocurrir, de que se deje de invadir nuestra privacidad, que se nos permita cultivar una planta que para nosotros es el primer paso en la lucha verdadera contra el narcotráfico ya que no estamos contribuyendo con el mercado ilegal. Una persona que cultiva su propio cannabis elige consumir una sustancia segura y de calidad, cosa que en el mercado ilegal no se consigue. La persona que recurre al mercado ilegal se expone a infinidad de peligros».
En el documento también se señala que «el intendente de nuestra ciudad, Sergio Varisco, se mantiene en su cargo pese a que lleva casi un año investigado por la justicia y con pruebas contundentes de su vinculación con el narcotráfico. Hace menos de una semana fue procesado por “financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente”».
A su vez, se sostiene que «mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que se elimine el cannabis del listado más restrictivo de la convención sobre drogas vigente desde 1961, en Entre Ríos, el activista cannábico Iván Malajovich aguarda que se resuelva el pedido de nulidad de la causa en la que fue procesado por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, por brindar talleres informativos sobre los diversos usos de la planta de marihuana y por “tenencia simple de estupefacientes”».
Luego de la lectura del documento, una integrante de Madres que se plantan de Rosario toma el megáfono y, entre otras cosas, dice: «esta es una causa noble. Si no fuera por los talleres de cultivadores solidarios hoy yo no sería una madre cultivadora. Entonces, hay que darles a los cultivadores la importancia que tienen y no tratarlos como narcotraficantes. Si fuésemos narcotraficantes no estaríamos frente a un tribunal haciendo visible esta lucha. No estaríamos diciendo que nosotros cultivamos. Agradecemos a cada cultivador, a cada persona que da información. Cuando hablamos de marihuana, estamos hablando de familias. Hoy mi hijo está prácticamente recuperado por el aceite de marihuana». Quienes escuchaban respondieron con aplausos.
Por su parte, Burgos también expresa: «gracias a los cultivadores estamos accediendo a información que nos está siendo censurada. Es un tema serio para todes les abogades, para toda la comunidad científica. Debe ser tratado como tal porque está relacionado con distintos sectores sociales. Así que no hay que ningunear más esta temática».
Otra cuestión que se afirma es que «no queremos que la planta quede en manos del ministerio de agroindustria, ni de las farmacéuticas. Queremos que la planta sea libre».
El acto concluye con una foto de los participantes y un conversatorio sobre el autocultivo justamente frente a la institución que inicia causas a quienes siembran, cultivan y difunden información sobre la marihuana.
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A través de este enlace se puede acceder al documento completo.
